Este martes el gobierno nacional pondrá en marcha su prueba piloto de la Cobertura Universal de Salud (CUS). El lanzamiento, a cargo del ministro de Salud Jorge Lemus, será en la provincia de Mendoza e implica un fuerte viraje respecto al modelo sanitario vigente en la Argentina desde 1946. Especialistas advierten que buscan reducir prestaciones básicas y avanzar en una “pseudo-privatización”.

En una primera etapa, serán 120 mil mendocinos y mendocinas quienes se integrarán a la CUS, que tiene como objetivo final llegar a las 15 millones de personas beneficiarias. Se trata de un cambio de paradigma de la atención sanitaria en nuestro país que especialistas en la materia como el ex ministro de Salud Daniel Gollán calificaron como una “pseudo-privatización”.

En lo concreto, la CUS está dirigida a quienes no tienen obra social o prepaga, a quienes el gobierno considera “sin cobertura”, ignorando adrede que son quienes asisten al sistema público (hopitales, centros de salud). Estos tendrán una credencial, acceso a pedido de turnos online y telefónicos, entre otras cuestiones.

El gobierno, como parte de la reforma sanitaria, creará la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), que determinará qué medicamentos y tratamientos serán parte del Plan Médico Obligatorio (PMO) y definirá la cobertura y costo de los tratamientos de alta complejidad. Vale recordar que el PMO es el piso mínimo de prestaciones que una cobertura -prepagas y obras sociales- debe incluir en sus planes.

Lo que advierten los especialistas es que intentarán reducir significativamente los contenidos del PMO para que sean las y los pacientes quienes tengan que afrontar mayores gastos.

“La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado”, expresó Gollán en Página/12. Y agregó: “Los trabajadores van a perder: van a tener peores obras sociales y van a tener que pagar un montón de cosas que hasta ahora no pagaban”.

En el mismo sentido se expresó el actual secretario de Salud en La Matanza y ex titular de la cartera a nivel provincial, Alejandro Collia. “En Argentina tenemos cobertura universal en salud, ya que todos los ciudadanos acceden o bien a la infraestructura y los servicios públicos, al sistema de la seguridad social o al sistema privado. De manera que la universalidad de la cobertura es algo que ya existe, lo que debemos mejorar y mucho es el acceso, la calidad y la equidad de las prestaciones”, afirmó.

El presupuesto de la CUS,  va a depender del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se constituye a partir del 15% del aporte que hacen los trabajadores a sus obras sociales, y hoy cuenta con una caja de 30 mil millones de pesos, los que se van a destinar a: infraestructura e insumos, un fondo de emergencia sanitaria, devolverle una parte a las Obras Sociales (el rol de la CGT fue clave para lograr este acuerdo) y se invertirá en bonos del Tesoro Nacional para recuperar fondos a través de los intereses. Además, la semana pasada el gobierno anunció que la millonaria deuda que la empresa OSDE mantiene con el FSR también será parte del financiamiento de este programa.

“Lo único cierto y tangible es que hoy la ecuación gestión-costos le ha ganado por completo a la salud como derecho, y se han limitado y hasta eliminado prácticas y tratamientos que brindaba el sistema público”, afirmó Collia a Tiempo Argentino. Entre ellas mencionó la reducción de la provisión y distribución del Plan Remediar; la casi desaparición de la fertilización asistida gratuita; la reducción de trasplantes (disminuyeron 10%); la falta de entrega de preservativos e insumos de Salud Sexual (aumentaron los casos de sífilis, 37% en hombres y 29% en mujeres); la falta de medicamentos para el tratamiento de pacientes con tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, y fibrosis quística; la restricción de la prestación de medicamentos para los 5 millones de jubilados afiliados, y el aumento del costo de los medicamentos en un 95% promedio.

El ex ministro de Salud bonaerense concluyó: “Lejos de los postulados que le dieron vida, las señales emitidas hasta el momento hacen inferir que el CUS irá en detrimento de la financiación y fortalecimiento de la salud pública, y redundará en una mayor inequidad en el acceso y en los resultados sanitarios”.

Por su parte, Gollán aseguró: “A la gente que se atiende en hospital público lo único que le va a cambiar es que va a tener una credencial porque al otro día va a volver al mismo hospital que antes. Lo que sí va a cambiar con el tiempo es que un día le van a decir que tiene acceso solamente a una canasta básica de prestaciones y arriba de eso tendrá que pagar”.

Federico Corsiglio, presidente de Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), también se sumó a las críticas: “Hay una falacia en decir que hay 15 millones de personas que no tienen cobertura. Lo que hay son 15 millones de personas que no tienen prepaga u obra social”, sostuvo. Y finalizó: “Lo que hay que hacer es dotar de mejores recursos a la capacidad instalada. Acá se hace al revés, se vacía de recursos y se deja abierta la puerta a las privatizaciones”.

 

Fuente: https://notasperiodismopopular.com.ar