El Ministerio Público en la Provincia de Buenos Aires está a cargo del Dr. Conte Grand, un hombre que anteriormente fue Secretario Legal y Técnico de la Gobernadora Vidal, es decir, alguien que tiene sus orígenes en el Poder Ejecutivo y recibe su línea de los mandatos de Vidal.
Los empleados judiciales estamos pagando caro esta falta de imparcialidad del Ministerio Público, ya que  Conte Grand es la punta de lanza de Cambiemos para llevar adelante su política en el ámbito de la justicia.
La política que viene llevando adelante es clara “estrujar a los trabajadores para que  cobren menos y trabajen más”.
En ese orden de ideas, uno de sus últimos pasos fue desconocer parte de la paritaria judicial 2017  negándose a aceptar la recategorización de los auxiliares III en Auxiliares II.
Da un paso para cumplir un objetivo político, que los trabajadores ganen lo menos posible, sin importar que muchos de esos auxiliares segundos hace tiempo están despachando tras un escritorio.

Asimismo, la Defensoría General, con la resolución  DG 301/2017,  llevó adelante otro intento unilateral de reglamentar  nuestros derechos hasta el punto de hacerlos desaparecer. En dicha normativa disponen que las licencias por razones culturales deban ser pedidas con un plazo de anticipación de  60 días, como mínimo.
Un plazo increíblemente largo que, como bien sabemos, la mayoría de las jornadas de capacitación, cursos y charlas a las cuales puede ser necesario concurrir no son públicas ni difundidas 60 días antes de la fecha en la que se llevaran adelante.
Así continua el ajuste, negando licencias y haciendo desaparecer derechos, para asegurarse sacarle el mayor jugo posible a cada empleado. Sin tener en consideración lo desastroso que es para el Ministerio Público a largo plazo negarle a los judiciales la formación necesaria.

Desde la Defensoría General en San Isidro, sumándose a esta ola de ajuste,  decidieron disponer también que las licencias por razones particulares deben requerirse con 10 días de anticipación. Otra reglamentación que busca impedir que los judiciales gocen de un derecho.

Por eso ,desde la AJB San Isidro realizamos la presentación correspondiente rechazando estas reglamentaciones que hacen muy difícil gozar de nuestros derechos e informen las medidas realizadas para asegurar que se cumpla el horario de salida y no se extienda innecesariamente la jornada laboral.
Sin perjuicio de ello, hasta que no contemos con un Convenio Colectivo de Trabajo que estipule claramente cuáles son nuestros derechos y no de voz en  la mesa de negociación de los mismos, estamos a merced de modificaciones arbitrarias y unilaterales de los mismos

 

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