Amnistía Internacional (AI) presentó el informe sobre La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, un análisis que incluye a 159 países. El reporte da cuenta de una tendencia preocupante en Argentina respecto a la criminalización de la protesta social y la libertad de expresión y las violaciones a los derechos de las mujeres, las comunidades indígenas y las personas migrantes.

Represión a la protesta social

Es una de las principales denuncias de Amnistía Internacional. El documento enumera una serie de manifestaciones a lo largo del año que “registraron picos de violencia inusitada”.

La manifestación durante el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, donde “se produjeron detenciones indiscriminadas” y “muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales”. “Algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo”.

  • En abril la Policía de la Ciudad reprimió “con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos”.
  • En septiembre, 31 personas fueron violentamente detenidas y retenidas durante más de 48 horas en comisarías tras la movilización al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
  • En la marcha de diciembre contra la reforma previsional la policía “hizo un excesivo uso de la fuerza”. “Hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente”.

“Los ataques pretenden generar un disciplinamiento y autocensura de quienes, en ocasiones, tenemos una mirada crítica hacia ciertas políticas de gobierno, sean periodistas, académicos o defensores de derechos humanos. El problema es que estas estrategias limitan la libertad de expresión y restringen las voces disidentes, afectando así al sistema democrático”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Violencia contra los pueblos indígenas

El informe sostiene que en Argentina la mayoría de las comunidades indígenas no tienen reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra pese a que la Constitución reconoce el  derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales. Además denuncia que el gobierno criminaliza y discrimina a los pueblos indígenas. Las comunidades originarias son hostigados a través de la persecución penal y son víctimas de la violencia policial, que incluyen “palizas e intimidación”.

En el documento se enumera la represión de Gendarmería (GNA) en enero de 2017 a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, en la que 10 integrantes de la comunidad y otras personas que los apoyaban fueron detenidos. “En agosto, la GNA llevó a cabo una operación ilegal en esa misma comunidad, durante la cual desapareció Santiago Maldonado, persona no indígena que apoyaba al pueblo mapuche”, sostiene. Y hace referencia al asesinato de Rafael Nahuel, quien “murió de manera violenta en noviembre durante un desalojo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.

El documento también incluye la detención de Agustín Santillán, líder indígena del pueblo  wichí de Formosa, quien pasó 190 días en prisión preventiva entre abril y octubre y afrontaba más de 28 procesos penales.

También denuncia que el gobierno provincial de Neuquén, los sindicatos y la industria del petróleo elaboraron un plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, situado parcialmente en tierras de la comunidad indígena del Lof Campo Maripe, sin contar con la participación de esa comunidad.

Derechos de refugiados y migrantes

Sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 para limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones.

Once años después de su aprobación, la Ley de Asilo aún no se reglamentó plenamente y la Comisión Nacional para los  Refugiados no cuenta con un presupuesto específico. El sistema de recepción de solicitantes de asilo es lento e insuficiente, y no hay un plan de integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención médica y el aprendizaje del idioma.

Criminalización del aborto

Las mujeres y niñas tienen dificultades para acceder a un aborto legal cuando el embarazo supone un riesgo para su salud o es consecuencia de una violación. La despenalización total del aborto continúan pendiente en el Congreso.

Violencias contra las mujeres

Entre enero y noviembre de 2017 se registraron al menos 254 femicidios en Argentina. “El Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”, sostiene el informe.

Libertad de expresión y fake news

Hay una tendencia en diferentes partes del mundo en propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales que son críticas con los gobiernos.

La lista de países incluye a Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina, entre otros. En los últimos años en el país “este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión”. Defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, fueron agredidos con ciberataques que combinaron cuentas falsas, trolls (cuentas que publican mensajes agresivos o despectivos) y bots (cuentas con interacciones automatizadas).

 

Fuente: http://cosecharoja.org