El gobierno nacional, mediante el titular del Ministerio de Hacienda Nicolás Dujovne, envió una nota a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en la que se compromete, entre otros puntos, a continuar con la reducción de subsidios a las tarifas de energía y posponer obras públicas.

La Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI, forma parte de una nota de 33 carillas firmada por el ministro y el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger.

En la misiva, los funcionarios admitieron que la inflación prevista para este año será del 27%, y prometieron una mayor reducción de subsidios en los servicios públicos, es decir, más aumentos de tarifas.

Lo expuesto en el texto enviado a la abogada francesa indicaba que se iba a aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios, cubierto por el precio que pagan los consumidores.

Además, aseguraron que mantendrán “los esfuerzos por reducir el empleo público”, en pos de cerrar el año 2020 con el mentado equilibrio fiscal. La decisión es no renovar cargos en puestos del Estado y congelar las contrataciones durante dos años. “Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa”, sostienen los funcionarios.

“El plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual”, admitieron desde la Casa Rosada.

En otro de los puntos, indicaron que se pospondrá la obra pública, a excepción de proyectos esenciales “para dinamizar la competitividad de nuestro país”.

Respecto de la inflación, la carta precisa que “la meta será igual o inferior a las expectativas actuales del mercado para el final de 2018 (27%), y luego 17%, 13% y 9% para diciembre de cada uno de los siguientes tres años”.

El acuerdo sellado entre la administración Macri y el FMI pretende solucionar los “desafortunados eventos” generados por la crisis cambiaria, cuyo desembolso de más de 8 mil millones de dólares de las reservas del BCRA fue utilizado para frenar la escalada del dólar, en pos de “restaurar la confianza del mercado” y “disminuir las tensiones” en el balance de pagos.

El crédito “stand by de alto acceso” tendrá un período de 36 meses, y se espera recibir unos 15 mil millones de dólares una vez aprobado el programa de asistencia económica. La mitad “se utilizará como apoyo presupuestario”, mientras que los 7.500 millones de dólares restantes serán destinados a sostener la fuga de capitales.

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