Fue secretario dos mandatos en Judiciales de San Isidro (2006-2009 y 2009-2012), actualmente es vocal provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y secretario general de la CTA Zona Norte. Hugo Russo en esta entrevista, en un despacho de la AJB San Isidro (a metros de av. Centenario y Alsina) explica por qué los Judiciales van al paro el miércoles 24, y marchan a la Corte Suprema de Justicia bonaerense, en La Plata, y por qué adhieren al paro general del martes 30. Además explica el proyecto del sindicato para reformar el Poder Judicial, y advierte que si la institución no actúa con justicia con sus propios trabajadores, dificilmente lo haga con el resto de la sociedad.

¿Por qué van al paro mañana?
Nosotros vamos a movilizarnos a las puertas de la Corte (Suprema de Justicia bonaerense) porque el gobierno provincial no nos ha llamado a dialogar para discutir salarios. La excusa que siempre puso el gobierno es que quería terminar primero con los trabajadores de la educación y después llamaría a los demás sectores. Pero hasta ahora ni los Judiciales ni los trabajadores de la salud fuimos convocados. La principal reivindicación en esta etapa es el aumento salarial urgente, y clausula gatillo al menos empatarle a la inflación. Hacia 2013, 2014, 2015 le ganábamos a la inflación, tres, cuatro, cinco puntos arriba. Nosotros hemos perdido el 16,5% de los salarios de 2018 y el 11% de inflación acumulada en lo que va de 2019, pero esto…

Ustedes desde hace varios años tienen reclamos de base al Poder Judicial…
A eso iba. Igual que otros sindicatos, docentes, salud, no discutimos solamente salarios, pues hay un montón de falencias en el Estado provincial. Los problemas de infraestructura son graves, los tienen todos, porque se hacen parches en los edificios del Estado, y no se someten a una reestructuración final. Ningún edificio de los 19 departamentos judiciales de la Provincia, está en un casco histórico como San Isidro; acá cerca el de San Martín está sobre Ruta 8. Todos están en un acceso donde llega el tren, colectivo. Nosotros le hicimos planteamientos a la Corte sobre esto, cuando han venido por cuestiones protocolares. Les dijimos que están las tierras de la ex OSN disponibles, para nosotros ese lugar es propicio, la Corte tomó nuestra propuesta, se la llevó pero parece que no hubo acuerdo, ni entre ellos ni con el intendente Posse. El edificio que está en Ituzaingó no aguanta más, hay mucho descentralizado también, juzgados de Familia y Penales afuera, Fiscalías, Defensorías afuera también, Es una locura, nadie sabe donde están y es un lío llegar al edificio. Hace nueve años se descompuso un juez del Tribunal Oral N° 3, se pidió ambulancia, nunca llegó por todas las volteretas que tuvo que dar, y el juez se terminó muriendo. Hay pisos colapsados: 3ero. 6to. 7mo., para dar tres de los más graves. De tanto expediente se rajan las paredes. Hubo problemas con ascensores y cerraron el edificio por iniciativa de la AJB. El municipio quiere mudar la justicia de ejecución penal que está acá al lado en avenida Centenario, y parte del archivo, en av. Rolón, pero son parches.

Hace muchos años que reclaman lo de la infraestructura…
Eso tiene que ver con el bajo presupuesto asignado a la Justicia. Los políticos en campaña hablan de “educación, salud y justicia” pero lo cierto es que para Justicia este año es el 4,3% del presupuesto total. Lo cual es nada para mantener los gastos de la Corte y los 20 departamentos judiciales. La provincia es muy extensa, tenemos traslados de detenidos, de expedientes que van y vienen. Nosotros calculamos, en un trabajo de investigación, que por la cantidad de habitantes de la provincia, el porcentaje del presupuesto para Justicia debería rondar el doble del actual, el 8%. La provincia en total tiene 25.000 agentes como mucho, incluidos jueces…

La falta de personal es otro tema que afecta a la Justicia provincial…
Hay seis Tribunales de Trabajo en San Isidro, pero tendríamos que tener 10. La Justicia que tarda no es Justicia, pero no hay nombramientos. Eso es cierto. Y es también por falta de presupuesto. Para la Justicia de Familia hay 10 juzgados y están colapsados, hay en Tigre, en Beccar, en San Isidro y en Pilar. De dos se transformaron en 10 pero deberían ser 14 mínimo. En la provincia hay juzgados civiles-comerciales, a la vez. Es una locura. Hay juicios que no van a terminar nunca, porque son a instancia de parte, y una parte tiene que traer un oficio y tarda seis meses porque no lo consigue, hay pericias…Para que la Justicia funcione bien, debe haber nombramientos y apertura de dependencias. Hoy se jubilan compañeros y no los reponen. Se muda un compañero y deja el cargo vacante acá, no lo reponen. En 2017, solo de ingreso ese año, tuvimos 1.000.0000 de causas en la provincia, y sumemos lo que ya había. En el conurbano es clave. En zona norte, por la fuerza que hay de trabajo, por ejemplo, los juicios laborales que hay acá superan a los otros departamentos judiciales juntos. En pleno 2001, Villa Lynch, en San Martín, no tenía mucho trabajo, yo trabajaba allí entonces, y San Isidro estaba desbordado. Si bien también hay faltante en el interior, en el conurbano ha estallado. Los trabajadores judiciales están hacinados. Se cierra la puerta a las dos de la tarde y se sigue hasta las cinco, seis y los fines de semana también, para poder sacar las causas…Todo lo que es derecho privado, es decir fuero de trabajo, familia, civil, comercial y contencioso administrativo, faltan cargos. La justicia penal, que es mediática, tiene recursos, pero la civil, donde va la gente de a pie todos los días, está olvidada.

¿En ese contexto cómo se trabaja puertas adentro?
En los últimos años se ha disparado la violencia laboral, de género, el acoso laboral. A veces la sobrecarga de trabajo, los jefes que se ponen quejosos, violentos muchas veces. Nosotros (la AJB) en esos casos recibimos al compañero le damos el tratamiento, la ayuda psicológica, lo mandamos a sanidad y damos intervención a la Corte para que sepa que en un tribunal que depende de ellos se ha ejercido la violencia. Nosotros, llegado el caso, hacemos la denuncia sobre la base de las ley de violencia laboral. (El fiscal Julio) Novo ejercía violencia para disciplinar; la gente que estaba de acuerdo con él la pasaba bomba. La primera denuncia contra Novo (acusado actualmente de encubrimiento en una causa de narcotráfico y suspendido) fue por violencia laboral, y allí saltó el resto…

¿Ustedes tiene la obra social IOMA y se jubilan a través del IPS?
Como estatales tenemos IOMA. Es otro de los problemas IOMA, porque la verdad los servicios cada vez más son deficitarios. Y la alarma que tenemos en estos momentos es el tema del IPS (Instituto de Previsión Social bonaerense). A diferencia de la ANSES nacional, el IPS tiene superávit, porque cada tres trabajadores activos, tres y medio, bancamos un trabajador pasivo. Y tenes la movilidad, o sea, cada aumento salarial que la AJB consigue ese porcentaje también va a nuestros jubilados. Ahora estamos en alerta, porque la Gobernación estudia, ya lo hicieron en Córdoba, Menen quiso hacerlo en los ´90, pasar los fondos del IPS a la ANSES, con lo cual perderíamos todos esos derechos que tenemos. No hay excusas para meter mano en el IPS, pero cuando se queden sin fondos, y el FMI les niega fondos, sacan plata del IPS. Fue el Fondo Monetario Internacional el que les dijo que las cajas de jubilación tienen que ser una. En Banco Provincia ya avanzaron. El paro de mañana también tiene que ver con todo esto. Nosotros empezamos a discutir el modelo de Justicia y siempre lo decimos: “Si no hay Justicia para los de adentro, para los trabajadores judiciales, mal puede haberla para los de afuera, los justiciables”.

¿Se pueden discutir todas esas cuestiones en la paritaria?
Lo nuestro sale a fuerza de lucha. A nosotros nos rige la ley 10.430, que rige a todos los estatales, nos tienen enrolados con los trabajadores de la salud y la administración central. Pero nosotros tenemos dos patrones, digamos, uno es la Corte (Suprema de Justicia bonaerense) que son los jefes de los tribunales, y la Procuración, los jefes de los fiscales y defensores; a ellos está atado el tema de infraestructura, de la falta de personal. Y por otro lado el Gobierno provincial, porque es el que paga el salario. Es un “patrón” de dos cabezas. Cuando vamos a reclamar a la Corte nos dicen “no, no, eso vayan a reclamar al (Poder) Ejecutivo”, y del Ejecutivo nos mandan a la Corte”. Es un problema. Nosotros hicimos un proyecto de ley de paritarias, que tuvo estado parlamentario en Congreso provincial, para tener la paritaria y acceder luego a un convenio colectivo de trabajo, sin convenio no tenes derecho en lo que es la carrera judicial, nosotros tenemos multiplicidad de actores: abogados, sociólogos, peritos, administrativos… pero al proyecto lo dejaron caducar.

Con quienes deberían debatir en paritaria de esas dos cabezas?
Nosotros creemos que deberíamos estar sentados con los dos. La Corte no ha querido por una cuestión conservadora que tiene “¿cómo me voy a sentar con un empleado a discutir?”. El Poder Judicial es la institución más conservadora, incluso a nivel nacional. Del ´83 para acá se han democratizado todas las instituciones del Estado pero la Corte es reacia a eso. Con Casal (ex min. de Justicia bonaerense) y Cuartango (ex min. de Trabajo bon.) estuvimos muy cerca en la época de Scioli pero la Corte lo eludió. Nosotros seguimos insistiendo. Al no tener ley no nos convocan. No puede depender del humor de la Corte o de un funcionario, la paritaria de un sector del Estado. Nosotros pedimos la ley marco de paritaria y mesas de diálogo en los 20 departamentos judiciales, porque aunque es lejos de acá, de San Martín vas a La Plata ¿Pero Trenque Lauquen, Necochea? digo por decir, es muy amplia la provincia. Hasta por videoconferencia se puede hacer. Lo que hay es falta de diálogo. Y hay otra cuestión, depende el cargo estamos con sueldos el 60%, el 50% o el 70% debajo de la Justicia nacional. No hay igual remuneración por igual tarea, por eso pedimos equiparación salarial. Hacemos lo mismo, en mayor cantidad y cobramos menos. Solo cruzas la Gral. Paz y por eso cobras más. Un juez provincial gana casi igual o menos que un secretario en capital. Hace cuatro o cinco años, con lucha, habíamos logrado cierto acercamiento, que se eliminen las categorías más bajas, pero hace tres años se licuó. Es una locura y es parte de la precarización del trabajo.

¿Por que está tan desacreditado el Poder Judicial?
Los trabajadores creemos que está así porque está blindado y cerrado para adentro. Todos los problemas que tiene no salen a la luz. La corporación trata de resolverlos como puede adentro. Hay que ir hacia una reforma integral de la Constitución de la provincia. El pacto de Olivos, hace 25 años la reforma constitucional de entonces, la nacional y la provincial para adecuarla (1994), no dio las respuestas que se creía. El Consejo de la Magistratura iba a elegir los jueces, los fiscales, un órgano imparcial, pero resultó ser algo muy turbio. El pueblo está afuera del Consejo, no están los sindicatos, pero están los senadores, diputados, colegios de abogados y el presidente de la Corte. No es imparcial. La universidad enseña a ser abogado, no juez, no saben. El Consejo tiene que tener presencia de trabajadores, sociólogos, docentes; el pueblo se tiene que involucrar, no solamente los abogados. Hemos dejado la justicia en manos de abogados. Si en los municipios hay consejeros escolares ¿Por qué no hay consejeros en la Justicia? ¿Cómo se defiende alguien de la violencia institucional de un juez? Los jueces, los fiscales y los defensores no pueden ser vitalicios, deben ser elegidos. Si el concejal, el diputado el presidente, el gobernador no ejerció su función como se esperaba, tiene un mandato, elegimos a ese o a otro. Los jueces tienen cargo vitalicio y eso le hace mal a cualquier sistema democrático. No hay control de la población. Por eso la credibilidad de la Justicia es una de las más bajas de todas las épocas y está bien que así sea. Necesitamos una Justicia para salvaguardar a toda la población. Es el último reducto que queda para hacer valer los derechos de la población. Nosotros veníamos alertando sobre el papel del Poder Judicial en toda Latinoamérica. Propició golpes de Estado. En Brasil el juez Moro mete preso a Lula y termina siendo ministro de Bolsonaro. El Poder Judicial juega un papel que antes lo tenían las fuerzas armadas. Desde la sociedad nos tenemos que empoderar. No va a haber justicia plena, libertad plena, si tenemos una justicia como la actua

¿Adhieren al paro general del martes 30?
El 30 adherimos al paro general. No solo vamos a reclamar por lo nuestro. Tenemos una situación alarmante, muchos sin trabajo, las organizaciones sociales, los jubilados, las pymes vemos como están, los comercios, es de terror, la situación es insostenible, no se puede comprar el alimento, los productos tocador, de limpieza. Si no hay recomposición salarial, la pyme de la esquina se funde porque nosotros gastamos acá en el barrio y eso se ve porque cierran desde cocheras hasta quioscos y eso es porque los trabajadores ya no les podemos comprar. El aumento salarial a los trabajadores distribuye.

Fuente: https://denorteanorte.com/