A una semana del final de su mandato, queda claro que durante todo el Gobierno de Vidal las y los trabajadores hemos sido inobjetablemente la variable de ajuste. La transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía consta de cifras siderales. La debacle de la Provincia es total.

Luego de cuatro años de Gobierno, la Provincia de Buenos Aires ostenta la tasa de desocupación más alta del país, ubicándose por encima del 12.7%. Las consecuencias de una política regresiva saltan a la vista. El cierre de miles de fábricas, comercios y pymes, debido a la flagrante pérdida de poder adquisitivo del conjunto de la sociedad retrajeron el nivel de actividad y empleo paralizando la Provincia, sumiendo en la miseria a miles de trabajadores despedidos, a miles de familias bonaerenses condenadas a la incertidumbre junto a la constante suspensión de compañeras y compañeros en el corazón del aparato productivo nacional.

Al igual que Macri en el Gobierno Nacional, María Eugenia Vidal financió el déficit en pesos tomando deuda en dólares, lo cual en un contexto inflacionario y de devaluación, asfixia y compromete seriamente el futuro de todas y todos los bonaerenses.  A pesar de que los Fondos de Coparticipación Federal correspondientes a la Provincia se vieron notablemente incrementados durante todo su mandato y que el Fondo del Conurbano haya sido actualizado en más de una oportunidad, el mal gobierno ha contraído una deuda por más de 5000 millones de dólares para hacer frente a gastos corrientes, dejando en evidencia el deterioro financiero provincial.

Si bien es vasto el itinerario de las políticas que conformaron el andamiaje de un modelo excluyente, elitista y caracterizado sistemáticamente en detrimento de la clase trabajadora, resulta imprescindible mencionar el intento de gerenciamiento del IOMA para la tercerización de áreas estratégicas cuyo vaciamiento y deterioro de prestaciones perjudica gravemente el acceso a la salud de las y los trabajadores estatales; la designación de Conte Grand al frente del Ministerio Público -mano derecha de la gobernadora saliente- a fines de manipular la justicia afectando la independencia de poderes;  el intento de nombramiento de jueces alineados a su proyecto político previo a dejar el poder;  la avanzada sobre nuestro régimen jubilatorio del IPS como así también los escándalos de corrupción referidos a los aportantes truchos en el financiamiento de la campaña electoral y el desfinanciamiento generalizado tanto de la educación como de la salud pública.

Por otra parte, durante todo su mandato, la Gobernadora Vidal ha demostrado no tener voluntad de convocar a paritarias, echando por la borda la vocación de diálogo y construcción de consensos cuyas premisas la catapultaron al Poder Ejecutivo Provincial. De este modo, nuestros legítimos reclamos fueron desestimados hasta el hartazgo: 140 paros y medidas de fuerza durante cuatro años no fueron suficientes para doblegar el autoritarismo con el que llevaron adelante su gestión, decreto tras decreto.

La inflación acumulada de la gestión Vidal rondará el 165%.  La pérdida de poder adquisitivo que sufrimos las y los trabajadores judiciales oscila en un 35%: Un 15% correspondiente al 2018 y un 20% aproximadamente respecto a 2019, donde todo pareciera indicar que la inflación anual acumulada superará el 50%.  Es por eso que insistimos en reclamar la aplicación de la cláusula gatillo, lo cual debería permitirnos actualizar automáticamente los salarios según inflación y así dejar de ser la recurrente y sucesiva variable de ajuste del gobierno en fuga.

Desde la AJB San Isidro, sabemos que la crisis del Poder Judicial, excede con creces lo estrictamente salarial: el abordaje de los múltiples y diversos reclamos requieren de una instancia de diálogo donde poder discutir un mayor presupuesto para la Justicia Provincial,  mejores condiciones de trabajo, incorporación de personal, un tratamiento efectivo para la crisis de infraestructura, así como también la necesaria construcción de ir allanando paulativamente el camino para lograr la conquista de reivindicaciones históricas como la equiparación salarial con Nación o la Ley de Negociación Colectiva.

Todo estos problemas se vieron profundizados por un Gobierno que fue abiertamente hostil a los trabajadores y reacio a instaurar cualquier instancia de diálogo.

En este contextó, donde resultó extremadamente dificil avanzar hacia nuevas conquistas, recobra  más sentido toda nuestra resistencia frente a la embestida neoliberal del gobierno, confluyendo en las calles para la defensa irrestricta de los derechos de todas y todos los trabajadores judiciales, que juntos hemos podido seguir en pie de lucha dando muestras ejemplares para garantizar la vida democrática.