Las y los judiciales nos enteramos mediante el Acuerdo 3979 que la feria invernal no se realizará en el mes de Julio de este año. Como es común por parte de la Corte, esta decisión careció de cualquier instancia de diálogo con los trabajadores a los que de un modo totalmente arbitrario se les modifica su plan de vida.

Esto es un cachetazo directo a todas y todos los trabajadores judiciales que vienen acoplándose a las diversas medidas dispuestas por la Corte para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial durante estas circunstancias extraordinarias. Somos nosotros quienes ponemos a disposición de la justicia nuestros equipos personales, hacemos malabares con nuestra vida personal y organización familiar para coordinar deberes de cuidado, trabajo remoto y compartir equipos informáticos con el resto de los miembros de nuestras familias.
Y no debemos olvidarnos de todos aquellos agentes judiciales, especialmente Funcionarios y Ordenanzas, que en los primeros días de la pandemia estuvieron presentes en las Dependencias garantizando el servicio mínimo de justicia. Para ellos el agravio es aun mayor.

Dicho Acuerdo agrega una presión extra a todas y todos los judiciales con deberes de cuidado que, ante el receso escolar de invierno, se verán superados por sus deberes paternos. Es momento de comprender cabalmente el alcance de la Resolución 166-20, que establece que se deben realizar las tareas de forma remonta “solo cuando sea posible”. Para ellos será el momento de decir NO y dejar en claro que no es posible, ni aceptable, ejercer la paternidad de un niño en vacaciones mientras se despacha en forma remota. La actitud de la Corte está lejos de ameritar esos sacrificios.

Esta decisión muestra por parte de la Corte una completa falta de creatividad o de empatía con los empleados que trabajan para ellos, que les impidió en su momento hacer eco del radio pasillo que corría respecto a la posibilidad de adelantar la fecha de la feria invernal a los momentos más duros de las restricciones de la cuarentena (principio de Abril). De esta forma, hubiese encontrando una solución de consenso manteniendo inalterable el derecho de los trabajadores al descanso y la necesidad de los abogados y justiciables del funcionamiento de la justicia (dentro de los parámetros particulares que generó la pandemia de Covid – 19).

Por último, no podemos dejar de hacer notar que esas licencias compensatorias, limitadas en una fracción máxima de 5 días y extendidas por el plazo de 3 años (sin dejar en claro el nivel de decisión y participación de los Agentes Judiciales en la asignación de días vacacionales) trastoca nuestro derecho a gozar del descanso y planificar las vacaciones en familia.

Cada día está más claro porque un Convenio Colectivo de Trabajo es una necesidad imperiosa para las y los trabajadores judiciales.