¿Porque hay que democratizar la justicia?

El concepto Democratización de la justicia tiene múltiples facetas, múltiples alcances, pero básicamente lo entendemos como ampliación de derechos. Se trata de modificar la concepción de la Justicia, haciéndola más democrática y enfocada al bien común.

 Democratizar significa que el pueblo se sienta representado por los sujetos encargados de impartir justicia y que para ello tome efectiva participación en la elección de los mismos, por ej. en un primer momento por medio de la elección de los integrantes del Consejo de la magistratura.

 Pero Democratizar también significa que el acceso a la justicia sea para todos y no solo para aquellos que pueden solventarlo. Hoy en día un gran parte de la sociedad queda fuera lisa y llanamente del servicio de justicia, ya sea por falta de recursos económicos capaces de sostener procesos larguísimos, por falta de tiempo para concurrir a los tribunales (por ej debido a condiciones de precarización laboral que tornan cuasi imposible poder acomodarse a los ritmos del juzgado) o así también por falta de conocimientos en la materia, (siendo el lenguaje tribuna licio unos de los factores que mas complican y alejan a la justicia de la sociedad).

 Pero también cuando hablamos sobre democratización nos referimos a que la justicia sea independiente, tanto de los poderes políticos como así también de los económicos, aquellos grupos concentrados de poder, que en las sombras condicionan y determinan en sentido de los fallos para favorecer sus intereses.

 En definitiva Democratizar significa darle mayor legitimación a la justicia, que el pueblo decida y participe, que tenga acceso a la misma y forme también parte de ella.

 Pero dejando en claro esto, debemos analizar cuáles son los alcances y el sentido que se la da a la idea de democratización y el rol que jugamos los trabajadores en este proceso, al cual los judiciales consideramos histórico.

 Y hacemos hincapié en el sentido que se le da a la democratización ya que si bien esta idea que esbozamos anteriormente es compartida por todos los sujetos que intervienen en este proceso de reforma, no todos las tienen entre sus prioridades.

 Resaltamos que la intención a continuación no es hacer ningún juicio de valor o análisis sobre las aspiraciones o intenciones de cada actor sino platear un somero panorama del actual momento con el fin de comprender mejor la situación.

 El gobierno, lo que busca de manera inmediata es limitar el poder de los máximos referentes de la oposición en este momento, que son los medios de comunicación, entre otros  grupos concentrados de poder. Es sabido que por medio de medidas cautelares encargadas a jueces adeptos o comprados por los medios, se limitó y limita el avance del gobierno en múltiples áreas. Podemos recordar el caso de la ley de medios de servicios de la democracia, la expropiación del predio de la rural, el reclamo de 130 millones de pesos de impuestos adeudados por el diario La Nación, causa frenada hace más de diez años por una cautela, entre otras.

 También intervienen en este proceso de democratización muchos jueces que por medio por ejemplo del movimiento por una justicia legítima vienen impulsando un proceso de reforma judicial. Entre ellos encontramos magistrados y funcionarios de renombre con gran trayectoria y compromiso en la lucha por la ampliación de derechos, como así también muchos de dudoso compromiso social que buscan “acomodarse” frente a un nuevo panorama político y quedar bien parados con el fin de obtener beneficios personales, más concretamente “cargos”.

 Los trabajadores, más precisamente los judiciales, que desde hace muchos años venimos impulsando estos cambios, estamos de acuerdo con estas reformas y acompañamos la posibilidad de darle mayor participación al pueblo, la publicidad del patrimonio de los jueces y la limitación a las cautelares eternas, pero también consideramos que no podemos hablar de democratización plena y efectiva si aún los judiciales no contamos con convenio colectivo de trabajo, sin un sistema salarial unificado en todo el territorio nacional (igual tarea igual salario), si no hay prioridad para que los compañeros judiciales con carrera ocupen el cargo de magistrado o si los jueces quedan eximidos del pago de ganancias. Además de una  separación real y efectiva del Ministerio Publico de la Defensa del Ministerio Publico Fiscal y plena autonomía del Ministerio Publico Fiscal de los municipios.

 La sociedad o el sentimiento social que anida en el ciudadano común, piensa y siente que democratizar la justicia es celeridad en los procesos, es acceso sin limitaciones a la misma, es mejor atención y asesoramiento gratuito eficiente, es no perder el trabajo por dejar un escrito, es tener un juzgado (u otro órgano a crear) cerca de su casa, es un mejor sistema carcelario, etc.

 Vemos con ello, que cada sector le da su propio sentido a la democratización, desde su valoración, su experiencia y sus necesidades inmediatas busca concretar aspiraciones o reclamos pendientes. Pero también vemos que existe un interés, un factor común que cruza transversalmente a todos los actores y que es principalmente la necesidad de una reforma en el Poder judicial ya que está presente la valorización común de que la justicia actual no sirve , es ineficiente tal cual esta presentada.

 Resulta imperioso ante la cerrazón de la llamada “corporación judicial”, que piensa la Justicia como un reducto propio, casi aristocrático, identificando la independencia judicial con la falta de control de su actuación y de opiniones sobre sus resoluciones.

 Donde hay pactos de amigos y amiguismo con el poder económico.

 Hay común acuerdo de la Justicia no puede seguir siendo entendida como algo ajeno y distante de la sociedad, a la que debe servir. Por eso se hace indispensable discutir cambios en los mecanismos tradicionales de administrar justicia, así como también en los criterios para definir el perfil del juez.

 Es aquí donde los trabajadores no debemos perder el rumbo, no debiendo quedar afuera de este proceso de reforma, es más estamos convencidos a que nadie debe quedar afuera en estos momentos, ya que la posibilidad de que se debata sobre el sistema judicial es un gran avance frente al conservadurismo que impera en la justicia.

 Es este momento que los trabajadores debemos acompañar los objetivos generales de la reforma sin dejar de impulsar allí dentro nuestros reclamos y dando nuestros puntos de vistas de cómo perfeccionar la justicia para que esta sea realmente efectiva, sin importar el oportunismos de algunos y las aspiraciones personales o corporativa de otros.

 Son muchos objetivos y las cosas a reformar, constituyendo un gran desafío para toda la sociedad, ya que una justicia de cara al pueblo no se hará de un día para otro, siendo menester cambiar una verdadera cultura judicial en la cual los trabajadores debemos ser un sujeto fundamental en la lucha por una justicia eficiente y de cara al pueblo.

 

NICOLAS VETTOREL

Secretario Gremial

AJB San Isidro