Ponemos a disposición de todos los compañeros judiciales las conclusiones alcanzadas en la charla sobre el proyecto de armonización del I.P.S. realizada este Jueves 3 de Noviembre por Daniel Perez Guillen (Secretario Adjunto de la CTA de la Provincia de Buenos Aires); Marina Mapelli (Secretaria de Jubilaciones de SUTEBA) y Marcelo De Gori (Secretario General de la AJB San Isidro).

La charla comenzó haciendo un balance sobre nuestra caja jubilatoria, el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), la cual es superavitaria y se maneja con un sistema solidario y de reparto donde los aportes de los empleados activos (4) sirven para mantener a los empleados pasivos (1).

Este régimen virtuoso puede ser trastocado si se avanza con el PROYECTO DE ARMONIZACIÓN que establece la Ley 27.260 y el Decreto 894/16. Si bien esta ley nacional da un paso importante para avanzar en este cambio todavía el proyecto no se hace efectivo ya que la provincia debería adherir y modificar su legislación previsional.

Si a esto se suma la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES terminarían armonizándonos / asimilándonos con un sistema que esta en riesgo de quedar seriamente desfinanciado.

Mucha gente cree que el Art 40 de la Constitución de la Provincia nos protege al estipular: La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial. El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley.

La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales.

Se dejó en claro que encontraron la forma de evadir esta protección constitucional a nuestros derechos dado que la Ley no plantea una transferencia de la caja (como años atrás), no se transfiere el I.P.S. al ANSES. En este caso el IPS sigue existiendo pero con una legislación similar a la que hoy tiene el ANSES, por eso la utilización de la palabra de “armonización”, una palabra linda para algo que no lo es.

EL I.P.S. armonizado daría estos resultados catastróficos:

– La edad jubilatoria pasa de 60 años para todos a 60 para las mujeres (con amenaza de ser ampliada a 65) y 65 para los hombres.

– Se pasará de 35 años de aportes a 30 años de aportes, PERO, el haber inicial (sobre el cual se calculan después todos los aumentos) se integraria de acuerdo al promedio de los últimos 10 años. Resultando haberes más bajos que con el actual sistema en el cual se calcula de acuerdo al cargo más alto con 3 años de antigüedad en él.

– El porcentaje a percibir en el I.P.S. es del 75 %. Armonizado con el ANSES el porcentaje variaría entre el 45% y el 52%.

– Actualmente los judiciales pasivos tienen un régimen de movilidad automático desde que se aumenta a los activos (continúan “enganchados” a los sueldos de los activos). Cada victoria paritaria que logramos ellos también la obtienen. Con el régimen armonizado solo tendrían dos aumentos al año por Decreto, quedando sus sueldos a merced de la inflación.

Como si fuese poco, el Gobierno Nacional gira fondo a las Provincias a medida que avancen con el proyecto de armonización. De esta forma la Rosada paga a los Gobernadores para que lleven adelante la vulneración de nuestros derechos. (Art 27 del Decreto 894/16).

Nos parece importante cerrar la nota con la apreciación realizada por Marcelo De Gori, nuestro Secretario General: Es importante no pensar en que judicializando una decisión política como esta vamos a tener buenos y rápidos resultados. Ya tenemos la experiencia del planteo de inconstitucionalidad que se realizó por la suspensión de la Ley Porcentual (por decreto) y en el cual luego de 21 años nos dieron la razón pero todavía no obtuvimos ni un centavo. Los problemas políticos requieren respuestas políticas. Por lo tanto, no debemos esperar que este proyecto sea aprobado (una legislación provincial) para presentar acciones impotentes en Tribunales sino que, desde su inicio, debemos proteger nuestro futuro con la unidad y la movilización de todos los trabajadores judiciales.