Nos convocamos este 3 de junio al Congreso, marchamos a tribunales y en todas las plazas del país con la fuerza que nos da un pueblo movilizado, protagonista de la construcción colectiva de los procesos de transformación social y de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por eso decimos basta de femicidios, basta de violencia, ni una menos. Lo decimos desde el impulso de una sociedad politizada y un Estado al servicio de los intereses populares, para abordar todos los desafíos que aún están pendientes en el camino de lograr que sea una realidad el justo reclamo contra la violencia machista y patriarcal. Por eso decimos que el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo y la sociedad en su conjunto tenemos algo que aportar y compromisos concretos a asumir.

Por eso decimos que la democratización del Poder Judicial está pendiente y es urgente que se haga efectiva. Porque necesitamos acceso a la justicia para las víctimas de violencia y respuestas efectivas contra los violentos. No más re-victimizaciones. A las y los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad les corresponde rendir cuentas a la sociedad, tienen que respetar los tratados de derechos humanos, la constitución y deben incluir la perspectiva de género en el cumplimiento de la legislación, que claramente aporta en el camino de la erradicación de la violencia de género.

Por eso decimos que se van a redoblar todos los esfuerzos de políticas públicas en el marco del cumplimiento de la Ley 26485 de erradicación de la violencia contra las mujeres. Consolidando el plan nacional integral para fortalecer las respuestas y responsabilidad de todas las jurisdicciones: nacional, gobiernos provinciales y municipales. Darle integralidad y articulación a las políticas es imprescindible para llegar a dar las respuestas efectivas y concretas -en su territorio- a cada mujer que sufre violencia. Implementar el registro oficial de femicidios y violencia de género. Garantizar servicios especializados de atención en cada localidad. Crear foros multisectoriales para acordar acciones.

Por eso decimos que es necesario redoblar todos los esfuerzos para el cumplimiento de la ley 26150 de educación sexual integral, que propone la construcción de vínculos sin violencia y reconoce toda nuestra diversidad, para no reproducir estereotipos de género, que cristalizan en relaciones de violencia, subordinación y discriminación.  Es necesario el compromiso de todo el sistema educativo para promover prácticas no discriminatorias y de igualdad. Las familias tenemos mucho que aportar, en la relación con la escuela, pero también en la educación de nuestros hijos e hijas desde el amor y la igualdad.

Por eso decimos que vamos a seguir impulsando la implementación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la desmonopolización contribuye a la presencia de la pluralidad de voces y porque debe hacerse cada vez más efectiva una comunicación que no tolere ni promueva la violencia contra las mujeres. Es necesario poner fin a una cobertura de los femicidios y la violencia que la exacerba y espectaculariza, para hacer realidad una comunicación no sexista que contribuya a terminar con el tratamiento de las mujeres como objetos de mercantilización, consumo y objetos de la violencia.

Por eso decimos que el compromiso por una vida libre de violencia requiere tener en cuenta todos los ámbitos y modalidades en los que la misma se reproduce y perpetua Por eso decimos no más tolerancia a la violencia.

Nuestro compromiso desde el Proyecto Nacional, Popular y Democrático es con una sociedad más justa y más igualitaria. Por eso decimos que la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere de un profundo cambio cultural. Lo hacemos desde la defensa de todo lo conquistado y porque vamos por más. Vamos por NI UNA MENOS.

CTA de los Trabajadores