Con el apoyo de la mayoría de los bloques que tienen representación parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Horacio González, aprobó en la sesión del jueves 13 de diciembre pasado, la implementación del instituto del Juicio por Jurados, un mandato constitucional pendiente de ejecución desde la reforma de 1994 y que tiene como principal fundamento acercar la participación popular a la Justicia.

A lo largo del debate se expresaron los diputados Iván Budassi, Rocío Giaccone, Franco Caviglia y Raúl Pérez, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista; Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro; Walter Martello, de Coalición Cívica; Juan Carlos Juárez, del Frente Amplio Progresista; Ricardo Jano, de Radicales del Pueblo; Mónica López, de Unión Celeste y Blanco; Marcelo Di Pascuale, de Pro Peronismo; y Jorge Solmi, de Proyecto Bonaerense.

El proyecto aprobado establece que los ciudadanos integren jurados para emitir su veredicto en casos de delitos graves (aquellos con penas de prisión mayor a 15 años). Los vecinos podrán participar de un juicio integrando un tribunal que decidirá si el delito que se juzga se cometió o no, y si la persona juzgada es o no culpable.

Con la nueva figura también se pretenden potenciar las garantías procesales del imputado, de conformidad con  la Constitución Nacional, los Tratados Internaciones de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, la Constitución bonaerense y la mejor doctrina en la materia.

Según los fundamentos del proyecto girado por el Poder Ejecutivo, “la instauración del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires apunta no sólo a reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que, a la vez, potenciará sin duda alguna el principio de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración de justicia”.

En este sentido, hace unos días, en diversos medios periodísticos, el integrante de la Sala “A” de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, y especialista en la materia, aseguró que no puede considerar que el juicio por jurados sea un retroceso en materia judicial debido a que la experiencia “en nuestro país dejó bien en claro el avance que esto supone. Nadie le puede pedir a los cordobeses que dejen de utilizar el sistema, lo cuidan con recelo porque es una herramienta muy útil”.

El magistrado resaltó que “además de todo esto, en definitiva es lo que reclama la Constitución, de una vez por todas hay que llevar adelante su implementación. El pretexto de que pueden existir complicaciones por la falta de entendimiento del mundo del Derecho de parte de la sociedad civil ya no puede ser utilizado de acorde a las evidencias. En Córdoba, de la noche a la mañana, se comenzó a utilizar y tuvo un éxito instantáneo”.

“Al principio aparecieron estas mismas objeciones, los medios cordobeses eran desconfiados en un primer momento. Pero rápidamente se dieron cuenta que el sistema funcionaba perfectamente y no hubo más cuestionamientos”, relató Hendler.

En una posición que se diferencia en, quizás, puntos esenciales, el secretario del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Fernando Levene, señaló para Diario Judicial: en primer lugar que “desde la institución venimos acompañando la reglamentación del juicio por jurados, que es una deuda de la Constitución de 1994”.

Sin embargo, el letrado remarcó: “De todas formas, creemos que habría que seguir trabajando en cómo estará compuesto el jurado y el tipo de proceso, porque necesitaríamos toda una preparación que no sabemos si existe hoy en la sociedad”.

“Creemos que una discusión que hay que dar es de qué manera los jurados pueden intervenir correctamente. Nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que el imputado pueda elegir si es juzgado por un jurado o un juez regular, pero hay cuestiones como el hecho de si estos tribunales deben estar compuestos de manera mixta o personas que pertenezcan solo al lugar donde se cometió el ilícito”, expresó Levene.

Con estas aclaraciones, brindó su ejemplo en torno al caso de Marita Verón, utilizando una base de razonamiento similar a la de Hendler pero cuya conclusión es enteramente distinta: “La gente salió a repudiar de manera generalizada un fallo del cual todavía no conoce los fundamentos. Hay que saber valorar la prueba, no creemos que toda la sociedad esté lista para llevar a cabo este ejercicio”.

“Desde el Colegio consideramos que tiene que existir una mixtura en el jurado, y que las pruebas sean valoradas por gente de Derecho. Sino, la condena social puede llegar a ganar en todos los casos”, aseveró Levene.

Fuente:

Asociación Argentina de Juicios por Jurados

Diario Miradas al Sur

INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

 

Secretaria de Prensa

A. J. B. San Isidro