Con el discurso de la eficacia y la modernización la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) quiere llevar adelante la privatización de las notificaciones y diligencias que realizan las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones y los Juzgados de Paz incorporando la posibilidad de que los mandamientos y notificaciones puedan ser diligenciados por empresas de correo o abogados de la matrícula. De ésta forma dichas dependencias quedarían como oficinas residuales para los que no puedan pagar los costos del sistema privado, generando así una justicia para ricos y otra para el resto.

Esta privatización afecta el derecho al debido proceso y de defensa, y no garantiza la imparcialidad de quienes deban realizar dicha diligencia.

Durante años se les negó a las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Fue y es constante la falta de personal ya que no se reponen los cargos de los trabajadores que se jubilan. Lo mismo puede decirse de la falta de elementos de todo tipo como el equipamiento técnico, habiendo una computadora cada 6 o 7 oficiales y sólo un scanner en dependencias con más de más de 30 agentes judiciales. También es nula la capacitación en todas las reformas normativas y en la implementación de los nuevos sistemas informáticos. A todo ello hay que sumarle los aumentos de la movilidad fija (viáticos para salir a notificar) que no acompañan a la inflación ya que se hacen una vez por año y con porcentajes mucho menores a los aumentos de la nafta y el transporte.

Y así llegamos a la situación actual en donde dicen que el sector no funciona bien y entonces las quieren privatizar.

Este es un sistema más que conocido por los argentinos, así se llevaron adelante las grandes privatizaciones de los años 90. Primero hacen que el servicio funcione mal, luego que existan muchas quejas y como solución mágica a todo el problema aparece la privatización, la cual es más costosa y no brinda las garantías que da el Notificador Judicial.

Solo los Oficiales de Justicia y Notificadores garantizan una justicia imparcial, el debido proceso y el derecho de defensa. Solo ellos dan fe de sus actos.

La SCBA pretende la privatización de una función jurisdiccional que le es propia e indelegable. El Acuerdo 4013 al incorporar el “telegrama electrónico” (que lo diligenciara una empresa de correo) y el “Oficial Ad Hoc” (que sería un particular) va en contra del Art. 135 Inc. 1, 10 y 12 del CPCC Prov. de Bs. As. él cual confiere exclusivamente a los funcionarios públicos (oficiales notificadores, de justicia o escribanos públicos) la notificación de actos procesales específicos los cuales de ninguna manera pueden ser realizados por una empresa privada o un abogado de la matrícula. Dicha actuación de funcionario público no puede delegarse, sustituirse ni prorrogarse en sujetos privados.

Las y los trabajadores de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones verán afectadas sus condiciones laborales y el presupuesto que se destina a ellas se recortara drásticamente, creando así una dependencia que no podrá dar solución a la demanda, lo que alentará a las partes a realizar las diligencias mediante el sistema privado.

Se pretende poner en manos de terceros funciones propias de un poder del Estado. Privatizar y tercerizar todo lo que se pueda en la justicia de la Pcia. de Bs. As. va en contra de la idea de un Poder Judicial eficiente, imparcial, al servicio y al alcance de todos los ciudadanos.

Es una idea que a futuro apunta también a la privatización o tercerización de todos los organismos que no sean jurisdiccionales, y hasta a la delegación del despacho de los expedientes en personal contratado que trabaje a destajo desde sus domicilios mediante la modalidad del teletrabajo.

La transformación de puestos de trabajo estables y genuinos en puestos de trabajo precarios y temporarios, que no aportan al IPS con lo cual también afectan nuestra caja jubilatoria (así pasa hoy con las y los compañeros que realizan la limpieza de numerosos juzgados y dependencias: ganan un sueldo mínimo -a veces con una parte en negro-, son obligados a renunciar cada vez que se cambia de empresa de limpieza y sus aportes jubilatorios van al ANSeS).

Es una iniciativa que va en contra de toda política de inclusión y de desarrollo de la Pcia. de Bs. As. ya que la justicia bonaerense es la que menos trabajadores judiciales tiene en relación a la cantidad de habitantes.

Esta visión creará un justicia de pocos y para pocos, al servicio de los que la puedan pagar, excluyendo a una parte importante de la sociedad no solo del servicio de justicia sino también de ser parte y de trabajar en el Poder Judicial Bonaerense.

Por todo lo expuesto desde #JudicialesUnidosBonaerenses #JUB rechazamos la privatización del trabajo que realizan las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones y los Oficiales de Justicia y Notificadores de los Juzgados de Paz y le solicitamos a la SCJBA suspenda la implementación de este sistema y se siente con el sindicato a fin de consensuar los cambios que se deben implementar para mejorar el servicio de justicia.

26 de Mayo de 2021.