Como es bien sabido por todos aquellos que forman parte tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la Resolución N° 14/20 (Secretaría de Administración) del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Resolución PG N° 192/20 -respectivamente- establecen la creación del mecanismo de “aportes solidarios” sobre el sueldo de Magistrados y Funcionaros (así como también de todas y todos los agentes que deseen participar) a fin de asistir con los fondos necesarios para combatir la presente pandemia.
Si bien la medida es loable y todos aquellos que decidan participar con el propósito de solidarizarse con los millones de argentinos afectados por esta situación merecen nuestra más alta estima y consideración, creemos que medidas como esta erran el eje central de la discusión respecto a cómo debe intervenir el Estado ante una situación de emergencia de esta magnitud.
Cabe destacar que la articulación del aporte solidario se realiza en consonancia con una serie de medidas de austeridad que representan un ajuste y van en detrimento de las ya de por sí vapuleadas condiciones de trabajo. Dada la emergencia judicial preexistente, no nos parece acertado paralizar nombramientos ni postergar la apertura de nuevas dependencias.
Una crisis como la que el Covid-19 arrojó sobre el mundo entero, vuelve a poner el eje sobre las fuentes de financiamiento del Estado dejando en claro la importancia fundamental de un aparato que debe ser capaz de articular en extremo todas las medidas tendientes a garantizar y satisfacer las múltiples necesidades de todos los ciudadanos. Es irreal -e incluso irrisorio- pensar que esta carga puede recaer sobre el salario de las y los trabajadores judiciales. Máxime cuando sabemos que los sueldos en la Provincia de Buenos Aires vienen de una depreciación atroz durante los últimos cuatro años a manos de la gestión de Vidal, muy lejanos a las sumas extraordinarias que imperan en el imaginario del sentido común de nuestra sociedad, mayormente asociado a los ingresos de la justicia federal.
En esta línea de ideas, consideramos que acierta en el punto el proyecto de Hugo Yasky (ver https://ajbsanisidro.org/?p=13168) que propone crear un impuesto extraordinario sobre quienes ingresaron al blanqueo de capitales realizado en 2017 y sobre los grandes supermercados, para constituir ese mismo fondo solidario y contribuir de un modo más justo y equitativo a fin de superar la pandemia.
La creación de los “aportes solidarios” en el Poder Judicial y el Ministerio Público son resultado de la contraofensiva  realizada por el sector más rico y poderoso del empresariado en detrimento de la Administración Pública y el Estado Nacional, puesto que temen perder una parte de su extraordinaria tasa de ganancias frente a las políticas públicas llevadas adelante para proteger la vida y el ingreso de la gran mayoría de las y los argentinos durante esta crisis (como la prohibición de despido por 60 días y el goce integro de los salarios mientras dure la medida de aislamiento social).
De este modo, por muy meritorias que puedan resultar estas medidas, una crisis de semejante envergadura no se resuelve con medidas artesanales y buena voluntad, sino únicamente con cambios estructurales y de fondo. Creemos que, por una vez en la historia argentina, los que más tienen (y más hábiles son en obviar el pago de los impuestos correspondientes) deben cumplir con su parte y demostrar que también son capaces de solidarizarse, así como lo ha hecho siempre el pueblo argentino.